BECAS POLÉMICAS
El próximo curso escolar
(2022-2023) la Comunidad de Madrid dará unas ayudas a estudiantes de
bachillerato para cursarlo en centros educativos privados. El tope de ingreso
familiar anual para los solicitantes oscila entre los 107.739 € y los 179.565 €
―esta última cifra supone unos ingresos mensuales de casi 15.000 €―,
dependiendo de que en la unidad familiar cuente con uno, dos o tres hijos. El
curso pasado, el límite estaba en torno a los 35.000 €. Para esta partida, en
los presupuestos de la Comunidad de Madrid habrá un notable incremento: de aproximadamente 9
millones de euros (curso 2021-2022) a 43.497.750 euros (curso 2022-2023). Para cotejar estos datos, consúltese la Orden 1533/2022 del Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, publicada en el BOCM del 19 de mayo de 2022.
En el curso 2019-2020, se
abrió la puerta a este tipo de becas, cuya finalidad es que alumnos que han
cursado la ESO en un centro privado-concertado puedan cursar el bachillerato en
el mismo centro. El umbral de renta era muy bajo, en torno a 10.000 €, pero se
inauguró la posibilidad de dar ayudas para cursar una enseñanza secundaria no
obligatoria en centros privados.
La enseñanza básica es
obligatoria y gratuita en España (Constitución Española, artículo 27.4). Desde
la aprobación de la LOGSE (1990), la enseñanza básica abarca el periodo de 6 a
16 años: Enseñanza Primaria y Enseñanza Secundaria Obligatoria. La LODE (1985)
creó la tipología de centros educativos en función de la titularidad y la
financiación: centros públicos (titularidad y financiación públicas), centros
privados-concertados (titularidad privada y financiación pública) y centros
privados (titularidad y financiación privadas). En los centros privados-concertados
la enseñanza básica es gratuita, pero en la enseñanza secundaria no obligatoria
(bachillerato y formación profesional), que ya no es básica, no puede haber
financiación pública, y los alumnos de esos centros, si continúan el
bachillerato o la formación profesional en ellos, tienen que “pagar”.
El Estado garantiza la
posibilidad de estudiar la enseñanza secundaria no obligatoria ―“sin pagar”― en
los institutos públicos de Enseñanza Secundaria (IES). Las becas de estudio
aparecen en la enseñanza universitaria. La política de becas se orienta a
garantizar la igualdad ante la ley de los ciudadanos (Constitución Española,
art. 14) en el ejercicio de un derecho fundamental como es el de la educación,
compensando las desigualdades socio-económicas de los alumnos/ciudadanos en
periodo de formación.
Los alumnos de los
centros privados-concertados al acabar la ESO, si quieren continuar enseñando la
enseñanza secundaria no obligatoria tienen dos opciones: cursarla gratuitamente
en un instituto público (IES) o costeársela en un centro privado (que puede ser
el mismo centro privado-concertado donde han cursado la enseñanza básica).
En los años 90 del siglo
XX en los colegios públicos había dos periodos de admisión de alumnos: uno al
comienzo de la Educación Infantil y otro al comienzo de la Educación Primaria,
en los que se aplicaban los criterios que la ley marcaba para conseguir una
plaza: básicamente, cercanía del domicilio al centro educativo, hermanos en el
centro y renta. Por lo tanto, un alumno que tenía una plaza en Educación
Infantil ―que no era ni es enseñanza básica―, no tenía garantizada la plaza en
Educación Primaria en el mismo centro público, y, de hecho, excepcionalmente
había alumnos que tenían que ir a otros centros públicos. Por supuesto, la
plaza en la Educación Primaria en un centro público estaba siempre garantizada,
aunque no fuera donde se cursó la Educación Infantil.
Al no ser enseñanza obligatoria
la Educación Infantil, no estaba subvencionada. Y sucedía que alumnos que
estudiaban la Educación Infantil en un centro privado pagando, optaban con todo
el derecho a plazas públicas al comenzar la Enseñanza Privada. Y, viceversa,
alumnos que cursaban la Educación Infantil en centros públicos optaban
igualmente a plazas de Educación Primaria en centros privados-concertados, pues
los criterios de admisión antes mencionados eran y son comunes. Tan dinero
público, procedente de los impuestos, es el empleado en la enseñanza pública
como el empleado en la enseñanza concertada. Aclaremos que un concierto no es
una beca, es un acuerdo entre la administración pública y un ente privado para
ejercer en este caso el derecho fundamental de la educación. La beca, sin
embargo, es una ayuda individual de carácter compensatorio de las deficiencias
socio-económicas que a un determinado individuo le restan “igualdad” en
relación con otros para ejercer un determinado derecho fundamental.
El paso automático de la
Educación Infantil a la Educación Primaria en el mismo centro educativo suponía
una quiebra del principio de igualdad: en la enseñanza privada la capacidad
económica de los alumnos para ingresar en la Educación Infantil era un claro criterio
de selección, y no era de recibo que, hecha la selección del alumnado por
criterios económicos, el acceso a la Enseñanza Primaria “concertada” fuera
automática. Era necesario un nuevo proceso de admisión. Tengamos en cuenta, que
no era ni es obligatorio que un alumno curse la Educación Infantil, aunque a
día de hoy podemos decir que el segundo ciclo de la Educación Infantil es
universal en España.
Evidentemente, desde el
punto de vista pedagógico, la continuidad de los alumnos en un mismo centro
educativo ―mismo proyecto educativo, mismo proyecto curricular, mismo espacio,
mismos compañeros― es lo más correcto, y todavía más en las edades tempranas de
la educación.
Aquella mecánica de dos
procesos de admisión, que era muy “constitucional”, pero poco “pedagógica”,
terminó cuando el proceso de admisión se redujo a uno: el comienzo del segundo
ciclo de Educación Infantil. Creo, perdonadme esta posible inexactitud, que la
Educación Infantil está subvencionada en los centros privados-concertados, en
cuyo caso, el criterio socio-económico no sería un criterio de admisión y se
salvaría el principio de igualdad. El reciente RD 95/2022 de 1 de febrero, BOE
2 de febrero de 2022, indica que la Educación Infantil tiene carácter
voluntario (Art. 5. 1) y que su segundo ciclo es gratuito (Art. 5.2), pero
desconozco la mecánica concreta de los conciertos educativos.
La justificación que da la
Comunidad de Madrid para dar las ayudas a familias con unos ingresos mensuales
entre 10.000 € y 15.000 € sería parecida a la que se planteaba en el paso de Educación
Infantil a Educación Primaria: el beneficio pedagógico de la continuidad del
estudiante en un mismo centro educativo.
Como ciudadano, de
entrada, me parecen desmesuradas las cifras. El Estado garantiza los estudios
de las enseñanzas secundarias no obligatorias, que, recuerdo, no son enseñanza
básica, en institutos de enseñanza públicos.
Diría a cualquiera que
esté en esa buenísima situación económica: Usted es muy libre de gastarse el
dinero en lo que quiera, por supuesto. Pero, si con esos pingües ingresos
mensuales a usted no le llega para pagar el bachillerato privado de su hijo, tendrá
que replantearse su economía familiar, revisando los ingresos y los gastos, y
decidiendo qué es prioritario y qué es prescindible. O, sencillamente, no puede
asumir ese gasto ―por lo visto, no es tan rico como parece― y su hijo irá a un
instituto público a estudiar el bachillerato, que, le aseguro, mucha gente lo
hace con naturalidad y luego saca sus carreras. Opino, como se puede deducir de
lo anterior, que esta partida de becas no “compensa” nada y pierden, por lo
tanto, su sentido y su razón de ser “constitucional”.
Ignoro el coste de la
mensualidad de un bachillerato privado, pero parece ser que las susodichas
becas no lo cubren en su totalidad, por lo que está destinado a familias que
pueden sufragar el importe restante, con lo que excluimos de su disfrute a
todos los que no pueden desembolsar ese “resto”. Según algunos juristas, se estaría
vulnerando el artículo 14 de la Constitución Española (igualdad de todos ante
la ley) y la propuesta podría acabar en los tribunales perfectamente. La
doctrina del Tribunal Constitucional al respecto se reduce a dos fallos que
encima son contradictorios. En los meses venideros es muy probable un debate técnico
y jurídico sobre el asunto, pues no puede pasar desapercibido en, al menos, dos
aspectos: el hecho de la ayuda en sí (becar enseñanza privada no básica) y las
cantidades de las ayudas. Dentro de la formación política que hace la propuesta
hay voces críticas con ella, y admiten que al menos es “discutible” que la
administración pública conceda becas a estudiantes de familias con rentas tan
altas.
Para mí, detrás de este
debate hay muchos flecos.
Según los datos de la
propia Comunidad de Madrid (Informe del curso 2020/2021), en esta región el
54,5 % de los centros educativos son públicos, el 29,5 % son
privados-concertados y el 16,0 % son privados “puros”. La relación
públicos-privados es casi de mitad/mitad. En el municipio de Madrid, el
porcentaje de privados (60 %) supera al de públicos (40 %). Pensemos que la
autorización para la creación de un centro educativo, del tipo que sea, tiene
que publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: no deja de ser
una decisión política de las autoridades de cada Comunidad Autónoma. En Madrid,
en las últimas décadas, la creación de centros privados ha sido muy elevada. Las
cifras del conjunto de España (Eurostat, 2018, hace cuatro años) nos sitúan en
el grupo de países europeos con menor porcentaje de enseñanza pública (69 %), frente a países como Italia o Alemania cuya enseñanza pública supera el 90 %.
Si en España, y más en concreto la Comunidad de Madrid, después de la
Constitución de 1978, la enseñanza privada-concertada es “necesaria” es porque
partíamos de una situación en la que había un número elevado de centros privados
y por la creación sostenida en el tiempo de este tipo de centros.
No puedo hacer una
descripción ni una valoración del funcionamiento interno de los centros
privados y de la calidad pedagógica de su trabajo, porque no tengo un
conocimiento directo ni datos al respecto. Tampoco puedo opinar sobre si
cumplen a rajatabla las condiciones de los conciertos educativos: suponemos que
el Servicio de Inspección Técnica Educativa hará bien su trabajo y que podemos
estar tranquilos.
Tomada esta prevención,
continúo con otros flecos.
La distancia o separación de las dos
redes de centros educativos, privada y pública, cada vez es mayor, en perjuicio
de la red pública. En el imaginario colectivo, se va generalizando poco a poco la idea de que, si usted quiere para su hijo una enseñanza de calidad, la tiene
que pagar. Si puede, rásquese el bolsillo, y no junte a su hijo con niños o
jóvenes que no tienen más remedio que acudir a la enseñanza pública. No hay más
que oír los comentarios al respecto en las tertulias periodísticas, los programas
del corazón o las series televisivas. En esa línea van las declaraciones de
algunos políticos que defienden con mil argumentos este tipo de becas
polémicas.
La escuela pública sería
un lugar sin disciplina y un nido de malos profesores que adoctrinan a sus
alumnos ―no sé de qué, en todos los años que llevo de docente siempre me he
limitado a educar en los principios fundamentales de nuestra Constitución― a lo
largo de la jornada escolar. Precisamente, en aras a la libertad de enseñanza y
de la libre elección de centro educativo, las familias que eligen un centro
privado lo hacen en función del ideario del centro elegido. ¿No se adoctrina,
por ejemplo, en los colegios del Opus Dei o en centros donde la enseñanza no es
mixta?, me pregunto. Si no tiene qué rascar en sus bolsillos, resígnese y
aparque al niño en uno de esos antros, llamados colegios públicos. Obviamente
esto es una caricatura exagerada, pero grosso modo es lo que piensan
muchos ciudadanos, utilicen la red que utilicen. En el conjunto de esos
ciudadanos hay que incluir a políticos de todo el arco parlamentario,
lamentablemente. En el fondo, esto es una cuestión de clasismo, tan propio de
la naturaleza humana.
Nunca es acertada una
visión idílica de ninguna institución escolar: la educación a pie de aula es
una actividad complicada y comprometida en la que entran en juego muchos
factores. El día a día de la gente “normal”, vaya al colegio que vaya, es más
natural y sencillo de lo que parece. La mayoría, alumnos y profesores, nos
levantamos por la mañana y vamos a dar lo mejor de nosotros mismos a nuestro
colegio, sea de la red que sea. Y no me cabe duda de que las familias siempre
buscan lo mejor para sus hijos: detrás de cada elección de centro hay
individuos y vidas concretas que no entro a juzgar. Quienes hablan en los
parlamentos y en los medios de comunicación sobre educación no suelen tener ni
idea de la realidad escolar, y sueltan por la boca lo primero que se les viene
a la boca.
En conclusión, dudo de la
legalidad jurídica de las susodichas becas, que, en mi opinión, ahondan la
fractura social que vivimos entre “los de arriba y los de abajo”, y no se rigen
por ningún principio compensador de las diferencias sociales que,
inevitablemente, se producen en todas las sociedades. Quisiera, como ciudadano,
que se retirara la propuesta, pero, mucho me temo que no será así.
Personalmente, apuesto
por la escuela pública, por que cualquier estudiante/ciudadano pueda
desarrollarse plenamente en ella, por que se produzca la convivencia de todas
las clases sociales en las aulas. Es la que deben “privilegiar” los poderes
públicos ―financiación y condiciones laborales y académicas―, como sucede en
otros países europeos. La escuela pública debe ser el referente de la educación
de un país, no el “servicio público” que se ocupa de lo que nadie quiere. Y los
docentes de la escuela pública, con sus virtudes y sus defectos, partiendo de
las condiciones que tenemos (¡no son buenas!) hemos de buscar permanentemente
la calidad de nuestro trabajo, pues en nuestras manos está la principal
responsabilidad del funcionamiento de nuestros colegios.
Cuando los docentes ―da
igual el tipo de centro― entramos en el aula, no debemos bloquearnos pensando
en todo este guirigay político y social. No estoy diciendo que cerremos los
ojos acríticamente a las políticas educativas, pues somos ciudadanos y
educadores, sino que la propia actividad con los alumnos es tan absorbente que
este debate es secundario en la práctica profesional diaria: nos debe importar
hacer bien nuestro trabajo a pesar de las carencias, que son muchas. Sólo así
la educación mejorará a las personas y a la sociedad.
Carlos
Cuadrado Gómez
1 de agosto
de 2022
