EL POTAJE DE ESOPO 12
Deambulación décima
De rabiosa actualidad
De rabiosa actualidad
Hacía mucho tiempo que la escuela no estaba tan
de rabiosa actualidad en el mundo de la bronca política —considero más
ajustado a lo que vemos a diario el término bronca que el término debate— y de
los medios de comunicación de masas. Nuestra actual actualidad es muy rabiosa,
y en el fango de la rabia han metido a la escuela.
Me sabe mal perder el tiempo en debates
artificiales y estériles, ¡con todo lo que tenemos que hacer!, pero considero
que algo hay que decir, que la voz de los que trabajamos en la educación
también debe oírse.
La última ocurrencia es lo que algunos llaman pin
parental y otros, veto parental. Sería algo parecido a la
autorización que pedimos a las familias para las actividades que suponen un
coste económico adicional y/o tener que abandonar el recinto escolar, pero extensible
a otro tipo de actividades contrarias a la ideología de parte del arco
parlamentario y sus votantes.
El típico ejemplo de actividad complementaria
para el que se pide autorización sería la salida al teatro, al zoo o al museo
del Prado. Actividades complementarias también son la educación vial que
imparte la policía local o las campañas de alimentación sana de la administración
local o autonómica.
Por lo visto, en estos ejemplos no hay
problema. El problema aparece cuando en un instituto de secundaria algún
experto es invitado a dar una charla de educación sexual o de concienciación de
la violencia de género en horario escolar.
Estoy seguro de que las familias de los alumnos
de secundaria son puntualmente informadas de estas actividades. En los centros
escolares públicos no hay actividades secretas, todas las actividades que se
realizan en horario lectivo son “públicas”: se han diseñado por el profesorado
y están incluidas en la Programación General Anual (PGA), un documento que
“pasa” a comienzo de curso por el claustro de profesores y por el consejo escolar,
donde las familias (padres/madres) tienen sus representantes elegidos
democráticamente. Por el consejo escolar también “pasan” las actividades
extraescolares, que son las que se realizan fuera del horario lectivo. Tanto
las actividades complementarias como las extraescolares tienen que ser
aprobadas por estos órganos colegiados de gobierno. Por lo tanto, no son
improvisaciones que se cuelan de tapadillo, no son imposiciones de no sé qué
mentes perversas que dan mil vueltas para corromper a la juventud, como
sugieren quienes insisten en ese pin o veto parental para evitar,
según ellos, males irreversibles.
Ahí no queda la cosa. Cuando concluye el curso,
el centro educativo tiene que elaborar una Memoria, donde se incluye la
evaluación de estas actividades. En esa evaluación participan los órganos de
gobierno mencionados: el claustro y el consejo escolar. Todo es perfectible —la
condición humana es perfectible— y, si algo no ha funcionado bien, es fácil que
en la PGA del curso siguiente se elimine o se modifique en los aspectos que
sean mejorables.
Ambos documentos, PGA y Memoria, se remiten al
servicio de inspección educativa, que los revisa, sugiere cambios y emite un
informe.
No sé si la ciudadanía que ve los telediarios
conoce esta información. Es lamentable que entre los políticos y periodistas no
se mencione lo que acabo de decir, lo cual demuestra su triste ignorancia sobre
la educación de nuestro país, empezando por la legislación más básica.
Todo niño, adolescente o joven es un ciudadano
con pleno derecho a la educación, con independencia de la “calidad, ralea o
pelaje” de su familia. Porque tus padres sean unos “bellacos”, tú no estás
condenado a recibir una educación de menos calidad cuando entras por la puerta
de tu colegio o de tu instituto. Por supuesto que los padres son ineludiblemente
responsables de sus hijos, son los “más altos responsables” de sus hijos, pero
no son sus propietarios: un hijo no es un armario, ni una moto, ni un pantalón.
El niño es un ciudadano que tiene derechos, plenos derechos, sea cual sea su
origen social. Y el conjunto de la sociedad, a través de sus funcionarios,
tiene la obligación de garantizar los derechos de ese ciudadano. ¿Realmente nos
creemos que en democracia todos somos ciudadanos iguales en derechos y oportunidades?
La PGA se elabora, de acuerdo con las leyes
vigentes, para garantizar el derecho de los alumnos a la educación. Por lo
tanto, no sé qué autorización “extra”, qué permiso parental explícito, se
necesita para que el profesorado haga su trabajo. No podemos condenar a un
alumno a no realizar una determinada actividad aprobada en la PGA porque a su
familia —por un motivo ideológico determinado, por dejadez o por ignorancia— no
le dé la gana. Así de claro.
Iría más lejos. Como decía al principio, pedimos
un permiso explícito cada vez que realizamos una actividad complementaria fuera
del centro. Si sacamos a los alumnos del recinto escolar, tenemos que tener una
autorización firmada, y también si la actividad tiene un costo económico adicional. Por
ejemplo, vamos al teatro en autobús y la salida cuesta cinco o diez euros: necesito
la autorización y el importe. En mi opinión, esas actividades deberían ser
gratuitas y obligatorias: se organizan para el bien formativo de los alumnos,
no son un pasatiempo. Si mañana voy a una sesión de ciencia a un planetario,
¿por qué tiene que autorizarme una familia para que determinado alumno, su hijo, asista?
¿Es que alguien tiene que autorizarme a enseñar la división por dos cifras? ¿Igualmente
no tiene derecho ese niño-ciudadano a recibir una formación científica de calidad cuando
vamos al planetario? Y en el mismo plano estarían un taller de igualdad, de bullying,
de educación sexual o de violencia de género en un instituto de secundaria. Quienes conocen desde dentro ese tramo educativo saben que son contenidos que hay que abordar en la sociedad en que vivimos.
No voy a comentar todas las boutades que
los políticos dicen ante un micrófono, pero ellos aseguran que confían en el
maestro funcionario en todo lo que hace y dice en directo; sin embargo, si
programa una actividad con un experto en determinada materia, la confianza se
pierde, porque, por lo visto, siempre se selecciona mal al experto, que, según
dan a entender algunos, siempre es un corruptor de menores o un adoctrinador si
se trata de las cuestiones que menciono más arriba.
Todavía doy un paso más. En la actualidad, cuando
un alumno, por las dificultades de aprendizaje que tiene, precisa una
evaluación psicopedagógica del equipo de orientación del centro (EOEP), dicho
estudio no se puede realizar sin autorización de la familia. ¿Por qué? Si el
alumno lo necesita, ¿está condenado a depender de que su familia quiera o no
quiera? Cuando la gente va al médico, ¿le dice al médico el diagnóstico y el
tratamiento que lo curará? Estamos hartos de ver el perjuicio que padecen
muchos alumnos nuestros porque sus familias no nos dejan trabajar con ellos
profesionalmente bien. ¡Esos alumnos tienen derecho, no lo olvidemos!
Tenemos en la escuela pública familias de todo
tipo, y no todas son una balsa familiar, un remanso de equilibro emocional o un
nicho de alta cultura.
Esto del pin o veto parental, tal
como se está planteando, con el argumento de la libertad de enseñanza mal empleado, es un modo gratuito de poner palos en las ruedas a los
profesionales de la enseñanza pública. En el campo de la educación tenemos
otros problemas técnicos y de financiación que no se abordan, porque son
complicados y requieren conocimiento, tiempo y ganas. Pero nadie quiere meterse
en esos charcos, los charcos de verdad, y, lamentablemente, la enseñanza
pública languidece sin remedio.
Seguiremos en la brecha en esta realidad
rabiosa que nos toca vivir, no nos queda otra.
Carlos Cuadrado Gómez
