EL POTAJE DE ESOPO 12

EL POTAJE DE ESOPO 12

Deambulación décima
De rabiosa actualidad

Hacía mucho tiempo que la escuela no estaba tan de rabiosa actualidad en el mundo de la bronca política —considero más ajustado a lo que vemos a diario el término bronca que el término debate— y de los medios de comunicación de masas. Nuestra actual actualidad es muy rabiosa, y en el fango de la rabia han metido a la escuela.

Me sabe mal perder el tiempo en debates artificiales y estériles, ¡con todo lo que tenemos que hacer!, pero considero que algo hay que decir, que la voz de los que trabajamos en la educación también debe oírse.

La última ocurrencia es lo que algunos llaman pin parental y otros, veto parental. Sería algo parecido a la autorización que pedimos a las familias para las actividades que suponen un coste económico adicional y/o tener que abandonar el recinto escolar, pero extensible a otro tipo de actividades contrarias a la ideología de parte del arco parlamentario y sus votantes.

El típico ejemplo de actividad complementaria para el que se pide autorización sería la salida al teatro, al zoo o al museo del Prado. Actividades complementarias también son la educación vial que imparte la policía local o las campañas de alimentación sana de la administración local o autonómica.

Por lo visto, en estos ejemplos no hay problema. El problema aparece cuando en un instituto de secundaria algún experto es invitado a dar una charla de educación sexual o de concienciación de la violencia de género en horario escolar.

Estoy seguro de que las familias de los alumnos de secundaria son puntualmente informadas de estas actividades. En los centros escolares públicos no hay actividades secretas, todas las actividades que se realizan en horario lectivo son “públicas”: se han diseñado por el profesorado y están incluidas en la Programación General Anual (PGA), un documento que “pasa” a comienzo de curso por el claustro de profesores y por el consejo escolar, donde las familias (padres/madres) tienen sus representantes elegidos democráticamente. Por el consejo escolar también “pasan” las actividades extraescolares, que son las que se realizan fuera del horario lectivo. Tanto las actividades complementarias como las extraescolares tienen que ser aprobadas por estos órganos colegiados de gobierno. Por lo tanto, no son improvisaciones que se cuelan de tapadillo, no son imposiciones de no sé qué mentes perversas que dan mil vueltas para corromper a la juventud, como sugieren quienes insisten en ese pin o veto parental para evitar, según ellos, males irreversibles.

Ahí no queda la cosa. Cuando concluye el curso, el centro educativo tiene que elaborar una Memoria, donde se incluye la evaluación de estas actividades. En esa evaluación participan los órganos de gobierno mencionados: el claustro y el consejo escolar. Todo es perfectible —la condición humana es perfectible— y, si algo no ha funcionado bien, es fácil que en la PGA del curso siguiente se elimine o se modifique en los aspectos que sean mejorables.

Ambos documentos, PGA y Memoria, se remiten al servicio de inspección educativa, que los revisa, sugiere cambios y emite un informe.

No sé si la ciudadanía que ve los telediarios conoce esta información. Es lamentable que entre los políticos y periodistas no se mencione lo que acabo de decir, lo cual demuestra su triste ignorancia sobre la educación de nuestro país, empezando por la legislación más básica.

Todo niño, adolescente o joven es un ciudadano con pleno derecho a la educación, con independencia de la “calidad, ralea o pelaje” de su familia. Porque tus padres sean unos “bellacos”, tú no estás condenado a recibir una educación de menos calidad cuando entras por la puerta de tu colegio o de tu instituto. Por supuesto que los padres son ineludiblemente responsables de sus hijos, son los “más altos responsables” de sus hijos, pero no son sus propietarios: un hijo no es un armario, ni una moto, ni un pantalón. El niño es un ciudadano que tiene derechos, plenos derechos, sea cual sea su origen social. Y el conjunto de la sociedad, a través de sus funcionarios, tiene la obligación de garantizar los derechos de ese ciudadano. ¿Realmente nos creemos que en democracia todos somos ciudadanos iguales en derechos y oportunidades?

La PGA se elabora, de acuerdo con las leyes vigentes, para garantizar el derecho de los alumnos a la educación. Por lo tanto, no sé qué autorización “extra”, qué permiso parental explícito, se necesita para que el profesorado haga su trabajo. No podemos condenar a un alumno a no realizar una determinada actividad aprobada en la PGA porque a su familia —por un motivo ideológico determinado, por dejadez o por ignorancia— no le dé la gana. Así de claro.

Iría más lejos. Como decía al principio, pedimos un permiso explícito cada vez que realizamos una actividad complementaria fuera del centro. Si sacamos a los alumnos del recinto escolar, tenemos que tener una autorización firmada, y también si la actividad tiene un costo económico adicional. Por ejemplo, vamos al teatro en autobús y la salida cuesta cinco o diez euros: necesito la autorización y el importe. En mi opinión, esas actividades deberían ser gratuitas y obligatorias: se organizan para el bien formativo de los alumnos, no son un pasatiempo. Si mañana voy a una sesión de ciencia a un planetario, ¿por qué tiene que autorizarme una familia para que determinado alumno, su hijo, asista? ¿Es que alguien tiene que autorizarme a enseñar la división por dos cifras? ¿Igualmente no tiene derecho ese niño-ciudadano a recibir una formación científica de calidad cuando vamos al planetario? Y en el mismo plano estarían un taller de igualdad, de bullying, de educación sexual o de violencia de género en un instituto de secundaria. Quienes conocen desde dentro ese tramo educativo saben que son contenidos que hay que abordar en la sociedad en que vivimos.

No voy a comentar todas las boutades que los políticos dicen ante un micrófono, pero ellos aseguran que confían en el maestro funcionario en todo lo que hace y dice en directo; sin embargo, si programa una actividad con un experto en determinada materia, la confianza se pierde, porque, por lo visto, siempre se selecciona mal al experto, que, según dan a entender algunos, siempre es un corruptor de menores o un adoctrinador si se trata de las cuestiones que menciono más arriba.

Todavía doy un paso más. En la actualidad, cuando un alumno, por las dificultades de aprendizaje que tiene, precisa una evaluación psicopedagógica del equipo de orientación del centro (EOEP), dicho estudio no se puede realizar sin autorización de la familia. ¿Por qué? Si el alumno lo necesita, ¿está condenado a depender de que su familia quiera o no quiera? Cuando la gente va al médico, ¿le dice al médico el diagnóstico y el tratamiento que lo curará? Estamos hartos de ver el perjuicio que padecen muchos alumnos nuestros porque sus familias no nos dejan trabajar con ellos profesionalmente bien. ¡Esos alumnos tienen derecho, no lo olvidemos!

Tenemos en la escuela pública familias de todo tipo, y no todas son una balsa familiar, un remanso de equilibro emocional o un nicho de alta cultura.

Esto del pin o veto parental, tal como se está planteando, con el argumento de la libertad de enseñanza mal empleado, es un modo gratuito de poner palos en las ruedas a los profesionales de la enseñanza pública. En el campo de la educación tenemos otros problemas técnicos y de financiación que no se abordan, porque son complicados y requieren conocimiento, tiempo y ganas. Pero nadie quiere meterse en esos charcos, los charcos de verdad, y, lamentablemente, la enseñanza pública languidece sin remedio.

Seguiremos en la brecha en esta realidad rabiosa que nos toca vivir, no nos queda otra.

Carlos Cuadrado Gómez